¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En este artículo vamos a comentar una noticia de Ramón Narváez, abogado, que nos cuenta en el ‘Confilegal’ hechos que sucedieron hace más de 10 años, trayéndolos a la luz esta historia una vez han prescrito las posibles responsabilidades de los miembros de la SES y de determinados miembros de un Colegio de Abogados, por colaboración con bandas de narcotraficantes de drogas.

 

Ramón nos cuenta que hace años se sumergió en la lucha contra la violencia de género, al ver cómo muchas mujeres no eran escuchadas al acudir a la comisaría. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, decidió tomar partido por los hombres cuyos derechos consideraba vulnerados. En 2007, un alto cargo de la Guardia Civil lo contactó tras ser absuelto de una denuncia falsa de violencia de género. A raíz de esta terrible experiencia, surgió entre ambos complicidad para luchar contra las injustas leyes que la ideología de género estaba instaurando en España. Leyes que se elaboran y aprueban contra la mitad de sus ciudadanos por el hecho de haber nacido varones.

 

Tras varias reuniones, se proponen reducir denuncias falsas de maltrato. Junto con expertos, un psicólogo forense y un psiquiatra forense, diseñaron un cuestionario que constaba de 7 preguntas de control, basado en estudios previos. El primer protocolo de actuación policial sobre malos tratos fue la Instrucción 5/2008, pero aún no se había puesto en práctica.

 

Por ello, el “sistema” que ellos habían elaborado era legal y cumplía con la normativa vigente. Tal y como explica en la noticia, el sistema de valoración de riesgo funcionaba mal y en numerosas ocasiones los policías estimaban la situación de manera subjetiva. En 2007 se empezó a usar el nuevo sistema elaborado para detectar denuncias instrumentales o “dudosas”.

<<El alto mando de la guardia civil había hecho un pequeño estudio estadístico de las denuncias que se presentaban en la zona costera que dirigía, y se sorprendió de que el 92% de las denuncias por supuestos malos tratos se producían a la caída de las tardes-noches y la mayoría (un 70%) se producían los viernes. Años más tarde este estudio se confirmaría.>> Explica Ramón.

 

La cuestión es que este alto cargo de la Guardia Civil decidió formar a los guardias civiles sobre todo esto, para que cuando una mujer fuera de denunciar malos tratos, se pudiera realizar la entrevista con preguntas de control que se habían preparado.

El protocolo que se aplicaba era el siguiente:

Cuando una mujer llamaba al cuartelillo de la Guardia Civil se movilizaban todos los coches disponibles y acudían varios “números” a la llamada de auxilio. Luego pasaban a detener al supuesto agresor y a llevar a la mujer sea comisaria o los centros de salud pertinentes

Este nuevo sistema constaba de pequeñas grandes diferencias, en lugar de movilizar a un número tan alto de policías, acudían dos. Tras la primera entrevista en el lugar de los hechos, se decidía actuar o decirle a la denunciante que acudiera por sus medios al día siguiente a la comisaría. Tampoco se detenía al supuesto infractor si las circunstancias no estaban claras.

Tras 8 meses de funcionamiento, el ahorro en recursos era muy significativo. Por otro lado, las diligencias remitidas a los Juzgados se redujeron un 72%. Tras esos meses y a raíz de una denuncia de una asociación de abogados/as contra la violencia de género, desde el Ministerio del Interior remitieron al alto cargo guardia civil a una petición de un informe del por qué habían disminuido estos casos de forma tan espectacular en su “zona”, ya que el Colegio de Abogados a través de la delegación del gobierno, había pedido estas explicaciones.

 

El resumen del informe que se remitió a la SES decía que:

1º.- Sí. Los casos de denuncias de malos tratos habían disminuido hasta un 72% de media y de forma progresiva en esos 8 meses, siendo un 83% en el último mes.

2º.- Asimismo, la apertura de diligencias en los Juzgados de guardia por posible simulación de delito y/o denuncia falsa habían aumentado un 43%.

3º.- La conclusión más importante del informe es que las aprehensiones de drogas en las playas habían aumentado un 135%, ya que la costa estaba mejor vigilada que antes.

 

Tras este informe, la SES ordenó que dejara de usarse el sistema que se estaba usando en la zona y la misma SES elaboró y publicó la Instrucción 5/2008 antes referida y que se puede consultar en la página del Ministerio del Interior.

 

En esta instrucción no aparece ningún sistema de “control” sobre la credibilidad del testimonio de la denunciante, como sí se aplica a las personas que denuncian un robo o un hurto de un teléfono móvil, por ejemplo.

 

El alto de la policía decidió investigar cómo y de qué forma se había tramitado dicha denuncia hacia el nuevo sistema de control. Resulta que los y las integrantes de la asociación de abogados contra la violencia de género que había redactado la “denuncia” contra el nuevo “sistema” eran sólo cinco abogados y coincidían con los nombres de los abogados/as de los narcotraficantes habituales de la zona.

 

Actualmente han pasado más de 15 años, Ramón comenta que se atreve a publicar esta noticia, debido a que la mayoría de los implicados están jubilados, sobre todo a raíz de las últimas tristes noticias sobre cómo nuestro actual gobierno tiene abandonada a la guardia civil de medios para la lucha contra el narcotráfico.

 

Fuente de la noticia que comentamos: https://confilegal.com/20240217-narcolanchas-y-violencia-de-genero/